La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los gobernadores Rubén Rocha Moya y María Eugenia Campos Galván no representan una imputación formal ni procesos judiciales abiertos en su contra.
Durante su conferencia matutina de este domingo, la mandataria federal afirmó que las diligencias corresponden a “procedimientos ministeriales” y rechazó que exista, hasta ahora, una acusación penal presentada por la FGR contra ambos mandatarios estatales.
La declaración ocurre en medio de una creciente presión política y mediática sobre los dos gobiernos locales, particularmente tras versiones sobre investigaciones federales relacionadas con presuntos vínculos, omisiones o responsabilidades administrativas en casos de alto impacto nacional.
Sheinbaum busca contener tensión política
La postura de la presidenta llega en un momento delicado para Morena y para la relación política entre el gobierno federal y diversas administraciones estatales.
En el caso de Rocha Moya, el gobernador sinaloense ha enfrentado semanas de cuestionamientos públicos luego de ausentarse de eventos oficiales y reaparecer recientemente para confirmar que acudirá a comparecer ante autoridades federales.
Por otro lado, Maru Campos también fue mencionada en reportes relacionados con requerimientos ministeriales emitidos por la FGR, situación que elevó la tensión política entre actores de oposición y el oficialismo.
Sheinbaum insistió en que el hecho de ser citado por una autoridad ministerial no implica culpabilidad ni constituye una acusación judicial. Según explicó, los procedimientos forman parte de actos de investigación ordinarios dentro de expedientes abiertos por la fiscalía.
FGR mantiene investigaciones bajo reserva
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha detallado públicamente el alcance de las investigaciones ni el contenido específico de los citatorios.
Sin embargo, el tema ya provocó reacciones dentro del escenario político nacional debido a la relevancia de ambos mandatarios y al contexto de seguridad y gobernabilidad que enfrentan sus estados.
En Sinaloa, la presión sobre Rocha Moya aumentó tras episodios recientes de violencia y versiones sobre investigaciones federales ligadas al entorno político y criminal de la entidad.
Mientras tanto, en Chihuahua, actores políticos locales han exigido claridad sobre cualquier indagatoria relacionada con el gobierno estatal y posibles responsabilidades administrativas o penales.
Morena y oposición leen el caso como señal política
Las declaraciones presidenciales también fueron interpretadas como un intento de contener una escalada política que pudiera afectar la narrativa de gobernabilidad del actual sexenio.
Desde Morena, legisladores y operadores políticos han buscado cerrar filas para evitar que los citatorios sean utilizados como argumento de desgaste electoral o como señal de ruptura interna.
En contraste, sectores de oposición consideran que la intervención pública de Sheinbaum confirma la dimensión política que adquirieron las investigaciones federales.
La evolución del caso dependerá ahora de las próximas actuaciones de la FGR y de la información oficial que pueda hacerse pública en las próximas semanas.
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