México Evalúa: Sólo 1 de cada 10 casos se resuelve en México

México Evalúa presentó dos instrumentos para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia penal en nuestro país y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia. El estudio “Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024”, y la plataforma digital Data Justicia. 

Radiografía de la Impunidad en México ofrece un diagnóstico sobre el desempeño institucional del sistema penal entre 2019 y 2024 mediante una metodología renovada a partir de fuentes abiertas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Su análisis se centra en dos instrumentos: el diagrama de flujo o “tubería” procesal, que permite observar cómo avanzan los casos desde el reporte del delito hasta su resolución, y el Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), que mide la proporción de casos que no obtienen una solución efectiva. 

Entre los datos más destacados del estudio se encuentra la persistencia de la cifra oculta, que muestra que el 93% de los delitos en México no se denuncia formalmente ante las fiscalías.  

Asimismo, el análisis del flujo procesal evidencia una desconexión estructural entre las instituciones de seguridad y las de justicia: 8.8 millones de reportes telefónicos relacionados con delitos fueron recibidos por las policías, mientras que sólo 2.15 millones de denuncias se registraron ante las fiscalías. 

Una vez dentro del sistema, los desafíos continúan. Aunque el 93.8% de las denuncias deriva en la apertura de una carpeta de investigación, únicamente 6.28% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal, es decir, a una imputación formal ante un juez. En los tribunales, de 627 mil causas penales acumuladas en 2024, sólo 10.55% alcanzó una resolución efectiva, mediante mecanismos como juicio oral, procedimiento abreviado, suspensión condicional o mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC). 

El estudio también documenta un incremento significativo del rezago institucional. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron -de 1.3 millones a 2.6 millones- mientras que las causas acumuladas en tribunales crecieron de 221 mil a 425 mil. 

A pesar de este panorama, la investigación identifica diferencias importantes entre entidades federativas que demuestran que reducir la impunidad es posible cuando existen decisiones institucionales orientadas a resultados, particularmente mediante una mayor articulación entre policías y fiscalías, un uso más amplio de los MASC y una gestión institucional enfocada en resolver casos. 

Como parte del proyecto, México Evalúa también presentó Data Justicia, una plataforma digital interactiva que permite visualizar el funcionamiento del sistema de justicia penal en México mediante gráficos dinámicos y herramientas de exploración de datos.  

La plataforma integra información pública para facilitar el análisis del desempeño de instituciones como policías, fiscalías y tribunales, y busca fortalecer la transparencia y el uso de evidencia en la toma de decisiones públicas. 

Durante la presentación, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y responsable del estudio, destacó: “Esta Radiografía busca mostrar, con datos comparables y metodología sistemática, dónde se encuentran los principales cuellos de botella del sistema de justicia penal.  

Comprender cómo fluyen los casos desde el reporte del delito hasta su resolución es fundamental para diseñar políticas públicas que permitan mejorar la capacidad institucional del Estado y ofrecer respuestas más efectivas a las víctimas”. 

Por su parte, Mariana Campos, directora de México Evalúa, señaló: “Reducir la impunidad en México es un desafío enorme, pero también es una tarea posible si logramos articular diagnósticos rigurosos, voluntad institucional y colaboración entre distintos sectores.” 

El documento fue comentado por autoridades y expertos: el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República; Bertha Alcalde, fiscal general de la Ciudad de México; el magistrado Carlos Villegas, presidente del Tribunal del Estado de Zacatecas; la magistrada Laura Perla Córdoba Rodríguez, presidenta del Tribunal de Nuevo León; Rodrigo Sánchez, Director General del Sistema Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Víctor de Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro; Cristian Paul Camacho, fiscal general del estado de Zacatecas; Renato Sales Heredia, académico y especialista en derecho penal; y la periodista Erika Grothe. 

Entre sus recomendaciones, Radiografía de la Impunidad en México propone: 

-Facilitar el acceso a la denuncia mediante la simplificación de trámites, la ampliación de canales de denuncia y el reconocimiento formal de los reportes policiales. 

-Fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías e integrar de forma sistemática la información generada por las policías. 

-Reducir el rezago institucional mediante criterios claros para el uso del archivo temporal y metas institucionales de judicialización y resolución de casos. 

-Ampliar el uso de MASC, que permiten resolver conflictos penales de manera más rápida y con mayor reparación del daño para las víctimas. 

-Mejorar la medición y la transparencia del sistema, mediante el fortalecimiento de los registros estadísticos y la interoperabilidad de los sistemas de información entre instituciones. 

-La reducción de la impunidad requiere coordinación entre instituciones, evidencia para el diseño de políticas públicas y diálogo entre autoridades, academia y sociedad civil. 

-Desde México Evalúa, reiteramos nuestra disposición a colaborar con autoridades federales y estatales para fortalecer las capacidades institucionales del sistema de justicia penal y contribuir a la construcción de un sistema más eficaz, transparente y centrado en las personas. 

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