Amenazas contra periodista Carlos Loret deben investigarse y sancionarse

ARTICLE 19 México y Centroamérica, condena las amenazas y expresiones de violencia dirigidas contra el periodista Carlos Loret de Mola por parte de Pedro Segura Valladares, ex candidato a gobernador en Guerrero por los partidos PVEM y PT. 

En un video difundido públicamente, el ex aspirante a cargo de elección popular profirió -desde Iguala, Guerrero- expresiones que hacen referencia explícita a disparos, agresiones físicas y violencia sexualizada contra el periodista, en represalia por su labor informativa y crítica política.

Este tipo de declaraciones no constituyen una opinión protegida por la libertad de expresión, sino una amenaza directa que evoca violencia letal. 

Las expresiones registradas no constituyen meras opiniones o críticas severas, sino amenazas que evocan violencia letal y agresiones físicas, lo cual rebasa los límites de la libertad de expresión y se ubica en el terreno de la intimidación directa. Este tipo de discurso adquiere especial gravedad cuando proviene de una persona que ha buscado ocupar cargos de representación pública, pues contribuye a normalizar la violencia contra la prensa y a legitimar agresiones en su contra. 

Cuando una figura con trayectoria política normaliza la idea de agredir a un periodista o lo degrada públicamente con expresiones violentas, el mensaje trasciende el agravio individual: se convierte en una señal de permisividad frente a la violencia contra la prensa. 

De la descalificación a la amenaza: el discurso que habilita la violencia

El debate democrático admite críticas severas, confrontación y desacuerdos. Lo que no admite es la incitación o legitimación de la violencia física contra periodistas. 

En un país donde ejercer el periodismo implica riesgos reales y documentados, referencias públicas a disparos o agresiones físicas no pueden interpretarse como simple retórica inofensiva.  

Estas expresiones contribuyen a construir un entorno hostil, alimentan la estigmatización y pueden catalizar agresiones por parte de terceros. 

ARTICLE 19 advierte que este tipo de discursos estigmatizantes forman parte de una tendencia preocupante en la que actores políticos recurren a la intimidación como mecanismo para desacreditar y presionar a la prensa crítica. 

Obligaciones del Estado frente a amenazas públicas contra periodistas

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE) ha establecido que las amenazas contra periodistas constituyen una de las formas más graves de restricción indirecta a la libertad de expresión, debido a su potencial de generar autocensura y paralizar la circulación de información de interés público. 

El Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión subraya que los Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia reforzada cuando existan amenazas públicas contra periodistas, especialmente cuando éstas provienen de actores con poder político o influencia pública. 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia y que el Estado debe garantizar condiciones para su ejercicio libre de intimidaciones. La inacción frente a amenazas explícitas envía un mensaje de tolerancia institucional y favorece la repetición de ataques. 

Las expresiones proferidas contra Carlos Loret de Mola no solo buscan desacreditarlo; sino que proyectan un mensaje que normaliza la violencia contra quienes ejercen el periodismo crítico.

En un contexto nacional marcado por altos niveles de violencia contra la prensa, cualquier amenaza pública debe tomarse con la máxima seriedad. La protección del debate democrático exige que estas conductas sean investigadas y que se establezcan límites claros frente a la intimidación. 

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige: 

1. A la Fiscalía General de la República, a través de la FEADLE: Iniciar de oficio una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre las amenazas proferidas, valorando el riesgo derivado de su difusión pública y la relación directa con la labor periodística.
2. Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Realizar una evaluación inmediata de riesgo y, en su caso, determinar medidas preventivas que garanticen la seguridad del periodista.
3. A los partidos políticos involucrados (PVEM y PT): Deslindarse públicamente de cualquier expresión que legitime la violencia contra la prensa y reafirmar su compromiso con el respeto a la libertad de expresión.
4. A las autoridades federales y estatales: Reafirmar públicamente que las amenazas contra periodistas no serán toleradas y que se actuará conforme a la ley ante cualquier manifestación que incite a la violencia.

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