Víctimas del Tren Interoceánico denuncian a tres constructoras y servidores públicos

Los abogados Adrián Yosef Arellano Regino y Ricardo Mac Gregor Uriarte, representantes pro bono de una de las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. 

La acción legal señala a tres constructoras y a servidores públicos, basándose en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que reportaban irregularidades en la obra.

En Aristegui en Vivo Juan Manuel Iglesias López, víctima que viajaba con su familia, relató la tragedia y explicó el objetivo de la demanda. 

Juan Manuel Iglesias López, quien resultó herido junto con su esposa e hijo, describió los momentos del accidente. 

“Nuestra familia fue la que iba en el vagón que cayó al precipicio”, declaró, y narró cómo fue testigo de la escena. “Fui testigo presencial de la pequeña de seis años que estaba muerta, que estaba debajo del cuerpo de mi hijo cuando yo lo rescaté entre los fierros”, afirmó. 

Sobre la decisión de denunciar, Iglesias López explicó: 

Esta demanda es para apelar para que los responsables de omisiones o de casos de corrupción vayan y sean los culpables y sean los que reparen el daño. 

Agradeció el apoyo del gobierno federal, pero subrayó la necesidad de la acción legal: “Esto no exime a que nosotros interpongamos una demanda, porque hoy está fresco… pero el día de mañana se les puede olvidar que hay secuelas”. Su motivación principal, dijo, es preventiva, “para que no se vuelva a repetir esta historia”. 

Los abogados detallaron los fundamentos jurídicos de la denuncia. Adrián Yosef Arellano Regino explicó que el documento se presenta por el delito de lesiones y busca que la Fiscalía investigue si hubo responsabilidad penal. 

Arellano Regino se refirió específicamente a los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como una línea de investigación crucial. 

“La Auditoría Superior en su último informe que es de febrero del 2025 advierte la existencia de irregularidades”, señaló.

En entrevista, mencionó un hallazgo clave de un informe de 2019: “Los servicios que se habían contratado no existe evidencia fotográfica de los mismos”. 

Por su parte, Ricardo Mac Gregor Uriarte añadió que la denuncia va “principalmente dirigido a las constructoras que fueran las encargadas en crear este tren”, identificando a tres empresas, y también señala a autoridades por el delito de abuso de autoridad. 

Los abogados enfatizaron que la denuncia no busca señalar culpables de antemano, sino participar en el proceso investigativo ya abierto por las autoridades. 

Sobre las expectativas a futuro, Arellano Regino señaló que, de ser procedente tras la investigación, se buscará “una reparación integral del daño derivado de esta situación para evitar inclusive que este tipo de sucesos se ocasionen en un futuro”. 

Con información de Aristegui Noticias 

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