Cargos ligan a Maduro al Cártel de Sinaloa y Tren de Aragua

De acuerdo con la acusación actualizada, Nicolás Maduro habría liderado durante más de 25 años una red criminal que utilizó estructuras del Estado venezolano para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos.  

Los fiscales sostienen que el mandatario y otros altos funcionarios corrompieron instituciones públicas, brindando protección policial y apoyo logístico a organizaciones criminales transnacionales.

Entre los grupos mencionados destacan el Cártel de Sinaloa y la organización criminal Tren de Aragua, a quienes, según el expediente, se les garantizaba impunidad a cambio de pagos millonarios y favores políticos. 

La acusación también señala que Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a reconocidos narcotraficantes y facilitó vuelos con cobertura diplomática para trasladar tanto droga como ganancias ilícitas entre México, Venezuela y Estados Unidos. 

El presidente venezolano fue acusado formalmente de cuatro delitos federales. 

-Conspiración para cometer narcoterrorismo 

-Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos 

-Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos 

-Conspiración para poseer armas de uso exclusivo militar 

La acusación no se limita a Maduro. También incluye a su esposa, Cilia Flores, y a otros coacusados de alto perfil dentro del aparato gubernamental venezolano.  

La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, enfrenta señalamientos particularmente graves. Según los fiscales, habría ordenado secuestros y asesinatos, además de aceptar sobornos desde 2007 para facilitar reuniones entre narcotraficantes y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. 

Estos nuevos elementos amplían la acusación presentada originalmente en 2020, reforzando la narrativa de una estructura criminal enquistada en el poder venezolano. 

Se espera que Nicolás Maduro comparezca ante un tribunal federal el lunes, donde un juez le notificará formalmente los cargos y verificará que cuente con defensa legal. El proceso podría extenderse varios meses o incluso más de un año, aunque no se descarta un acuerdo judicial para evitar el juicio. 

El caso quedará bajo la supervisión del juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, quien ya había sido asignado a la acusación de 2020. El magistrado es conocido por su independencia y por haber cuestionado recientemente decisiones legales impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. 

La estrategia legal de Maduro podría centrarse en alegar inmunidad como jefe de Estado extranjero, argumentando que no puede ser procesado en tribunales estadounidenses.

Sin embargo, expertos consideran que este recurso enfrenta serios obstáculos debido al precedente del caso Manuel Noriega, capturado tras la invasión de Panamá en 1989 y juzgado en Estados Unidos por delitos similares. 

En aquel caso, los tribunales rechazaron la inmunidad al considerar que Washington no reconocía a Noriega como líder legítimo, un argumento que podría repetirse ahora contra Maduro. 

Adicionalmente, la defensa podría alegar persecución selectiva, venganza política o prescripción de los delitos, aunque los fiscales sostienen que, al tratarse de conspiraciones continuadas, los cargos siguen siendo legalmente válidos. 

El proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas y geoestratégicas, con potencial impacto en la estabilidad de Venezuela, la región y la lucha internacional contra el narcotráfico.  

La atención ahora se centra en los tribunales de Nueva York, donde se definirá uno de los casos más emblemáticos de la justicia federal estadounidense en el siglo XXI.  

Con información de Excélsior 

Foto: tomada de Facebook

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