Corte vive su primera división por el tema de derecho de acceso a la información

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dividió debido al tema del derecho que tienen los ciudadanos de solicitar información a las instituciones sobre sus servidores públicos. 

Algunas ministras, como Sara Irene Herrerías y María Estela Ríos González expresaron su preocupación por hacer públicos datos de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), porque dijeron que esto puede poner en riesgo su vida ante la “realidad” que vive el país.

En su primera participación amplia, Sara Irene, quien por años fue fiscal de la citada dependencia, afirmó que “el derecho a la vida” es más importante. 

“Estoy de acuerdo, igual con lo que comenta la ministra Loretta (Ortiz Ahfl), de la importancia del derecho a la información y a la transparencia, pero creo que el derecho a la vida es más importante, y creo que la Constitución pone límites al derecho a la información y a la transparencia. Al derecho a la vida, no hay ningún límite”. 

El comentario derivó porque Loretta Ortiz, ministra ponente, presentó dos proyectos en los que propuso declarar infundados los argumentos que la FGR expuso en dos controversias constitucionales en las que impugnó la orden que le dio el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de dar a conocer el nivel de cargo, sueldo, así como la dirección en que se encuentran adscritas Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno, integrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Atención de Delitos Electorales (Fisel). 

Ortiz Ahfl dijo que la información sobre estas funcionarias es pública, ya que en foros ellas mismas han dado a conocer que trabajan en la Fisel. Por este motivo, agregó la ministra, no existe una razón para negar los datos. 

Sin embargo, María Estela Ríos, quien fue consejera jurídica de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra. 

“Hay que entender que vivimos una realidad social, o sea, porque hacer un discurso jurídico que no se centre en una realidad que estamos viviendo, se convierte en un mero discurso jurídico que no resuelve la problemática. Hay un clima de violencia en que sí los delincuentes o la delincuencia organizada, inclusive la electoral, puede poner en peligro la vida de esas personas.

“Y lo digo desde mi experiencia anterior, como funcionaria anterior, pude percatarme realmente de la existencia de ese riesgo para las personas. Entonces, en ese sentido, sí creo que debe reservarse esa información”, apuntó. 

La togada agregó: “Bueno, ya hemos visto casos en que el hecho de saber la ruta para la cual se dirigen a su trabajo, ya pone en riesgo a las personas y tenemos prueba de ello». 

La ministra Yasmín Esquivel Mossa también se opuso a la propuesta de Loretta Ortiz. 

“…difundir los nombres y otros datos de empleados de una Fiscalía Especializada ello debilita la seguridad pública cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”. 

Al respecto, el ministro Arístides Guerrero García dejó claro que la Corte no desconoce la situación de inseguridad en México. 

“Únicamente para señalar que no se desconoce la relativo a la seguridad o lo que se ha señalado, este clima de inseguridad que puede resultar, pero incluso, en el mismo proyecto se señala que el nombre y cargo de las personas servidoras públicas ya se ha dado a conocer por diferentes medios, es más, ya se ha dado a conocer por diferentes medios, es más, si en el propio buscador de Internet, se introduce el nombre de estas personas, servidoras públicas, se desprendería que ellas mismas en foros académicos han ostentado el propio cargo…” 

Al final, la propuesta de Loretta Ortiz fue aprobada, proyecto al que terminó sumándose el ministro Giovanni Figueroa Mejía, obligado por el voto de la mayoría, por lo que la FGR deberá entregar la información.

En una tercera controversia, la Corte avaló otro proyecto de Loretta Ortiz, quien propuso negar la información solicitada por un ciudadano a la FGR, ya que los datos podrían afectar la seguridad nacional a través de la herramienta metodológica denominada “teoría del mosaico”. 

La metodología consiste en recopilar piezas de información dispersas y después unirlas con la finalidad de tener una visión de conjunto o “mosaico”, datos que pueden ser utilizados para fines mal intencionados, deducir una vulnerabilidad o llevar actos de contrainteligencia para combatir a los agentes encargados de investigación y persecución de delitos. 

Con información de Milenio 

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