Juez destituido tras el ‘caso Los Porkys’ en Veracruz está entre los detenidos por la red de huachicol

Aunque su nombre no ocupa toda la atención mediática mexicana tras el histórico golpe a una red de huachicol encabezada por el vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías Laguna, el historial y la reputación del juez federal Anuar González Hemadi es bien conocida en México, publicó Diario EL PAÍS. 

El abogado fue detenido el pasado sábado, junto a otras 13 personas, señalado por sus vínculos con la empresa Mefra Fletes, encargada del traslado del huachicol decomisado en marzo pasado hacia Tamaulipas y Baja California.

González Hemadi fue destituido por corrupción en 2019, tras emitir un amparo que protegía a uno de los cuatro jóvenes acusados de violar en 2015 en Veracruz a Daphne Fernández, una joven de 17 años, en un caso conocido como Los Porkys. 

En junio de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal consideró que el entonces juez cometió “errores inexcusables en un caso de pederastia” cuando en 2017 emitió un amparo a favor de Diego Cruz, uno de los cuatro jóvenes pertenecientes a familias adineradas del Estado de Veracruz que en 2015 abusaron sexualmente de la menor.  

Los cuatro, que habían estudiado en un colegio católico de ese estado y que tenían también vínculos políticos, fueron conocidos en su momento como Los Porkys. 

En el fallo que le valió su destitución y que ponía en libertad a Diego Cruz, el juez interpretó que no existió una intención “lasciva” ni que Cruz tuviera la intención de “copular” con la víctima, porque el supuesto agresor no “expresó palabra alguna” sobre ello. Por tanto, concluyó que no consideraba lo sucedido como un acto sexual, sino un “roce o frotamiento incidental”. 

Años después, las autoridades confirmaron que existieron presiones políticas y económicas sobre González Hemadi para que fallara de ese modo en un caso sin precedentes en México y cuya noticia indignó a la sociedad e impulsó su destitución como juez. 

De acuerdo con varias investigaciones, entre ellas, la realizada en mayo pasado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), González Hemadi continuó en una línea profesional delictiva. En noviembre de 2023 fue designado como representante legal de Mefra Fletes, S.A. de C.V., una empresa creada en Monterrey, Nuevo León. 

Según MCCI, la compañía lleva varios años en el radar de las autoridades. Al menos desde 2020. “Por ejemplo, el 25 de marzo de 2020, en una revisión que autoridades estatales y federales realizaron en Reynosa, Tamaulipas, la empresa no pudo comprobar la estancia legal en el país de 28.262 litros de diésel que trasladaba en un tanque tipo pipa”, dicen. 

Tras el decomiso del 19 de marzo pasado, en el que un buque cisterna atracó en el puerto de Tampico, Tamaulipas, con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando, se comprobó que era Mefra Fletes la dueña de algunos camiones que transportaban el combustible. Además, las autoridades aseguraron un terreno de su propiedad, donde se encontró huachicol. 

La empresa también ha sido ubicada como parte de una red de compañías vinculadas con el tráfico de hidrocarburos en varios puntos del territorio. Por ejemplo, el hermano y el sobrino de José Ascensión Murguía, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, figuran como socios de Mefra Fletes.

José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores Santiago están registrados como socios de esa compañía y de Impulsora de Productos Sustentables, usada junto con Mefra Fletes, presuntamente, por el Cartel del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para traficar millones de litros de hidrocarburos desde Texas y comercializarlo en México, según coinciden investigaciones de N+ y de MCCI. 

José Ascensión, el edil de Movimiento Ciudadano, en Teuchtilán, está actualmente vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada por complicidad con el CJNG, en el reclutamiento forzado de personas en el Rancho Izaguirre, otro de los más recientes casos que estremecieron a la sociedad mexicana. 

Además, se tiene registro de que una mujer de 37 años, que aparecía como encargada del órgano de vigilancia de Mefra Fletes, fue secuestrada en 2023 por hombres armados que llegaron a su casa en un fraccionamiento de Tlajomulco, en Jalisco.  

Semanas después, sus restos fueron encontrados en una fosa clandestina por un colectivo de familias desaparecidas en ese mismo Estado. 

Pese a todos los antecedentes delictivos de Mefra Fletes, MCCI asegura que la empresa tiene un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para transportar gasolinas y diésel por autotanques y semirremolques.  

“El permiso tiene una vigencia de 30 años y fue otorgado por la CRE el 21 de mayo de 2019”, aseguran. 

Con información de Diario EL PAÍS 

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