Una investigación de Quinto Elemento Lab reveló un informe confidencial de la Sedena. El documento indica que en 2021, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad en Tabasco. La instrucción fue ejecutada por la SEIDO.
El informe, fechado el 22 de marzo de 2021, fue filtrado por el colectivo Guacamaya. En él se detalla que miembros de “La Barredora” supieron de la investigación gracias a un informante dentro de la Marina. En llamadas intervenidas, se menciona que la orden vino del “viejito cabeza de algodón”, apodo común para referirse a AMLO.
La investigación federal se centró en “La Barredora”, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización opera en Tabasco, incluyendo Macuspana, tierra natal del expresidente. Bermúdez, designado por Adán Augusto López, fue señalado como uno de sus líderes. Actualmente, tiene una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol.
Uno de los principales objetivos del espionaje fue Gustavo Elías de Dios Yedra, alias “Tavo” o “Espartano”. La Sedena lo vigilaba desde 2019. Sabían que tenía contactos federales que le ofrecían apoyo e información.
En una llamada, Yedra reveló que un agente de la Marina, apodado “Popeye”, le confirmó que la orden de investigar a Bermúdez venía desde Palacio Nacional. “Popeye” también aparece en organigramas del grupo criminal. Según los informes, tenía capacidad para movilizar personal y apoyar a “La Barredora” con elementos vestidos de civil.
Yedra también colaboraba con un teniente que vendía combustible robado en el puerto de Dos Bocas. Además, otros documentos muestran que agentes ministeriales filtraban información a cambio de dinero. Un elemento de la SEIDO incluso pidió 180 mil pesos para eliminar a Yedra de la carpeta de investigación.
Ante el cerco federal, Bermúdez advirtió a los líderes del grupo que se escondieran. Les dijo que entrarían 10 camionetas del Estado y de Inteligencia de Marina. Ese mismo día, Yedra y su colaborador “Joncha” fueron secuestrados por sus propios compañeros. Les quitaron dinero y los interrogaron por sospechas de traición.
El informe militar advirtió que podrían ser asesinados. Al día siguiente, sus cuerpos aparecieron en Santa Rita, Cárdenas. Fueron ejecutados con extrema violencia. El caso, hasta ahora poco difundido, revela la profundidad de los vínculos entre autoridades estatales y redes criminales, así como el alcance del espionaje federal.
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