Lanzan Estrategia Nacional contra la Extorsión con prioridad en ocho estados

El Gobierno de México presentó el domingo la Estrategia Nacional contra la Extorsión, como parte de una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de prevenir y combatir este delito que afecta a la población. 

En su cuenta de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que el Gabinete de Seguridad trabajará en coordinación con autoridades estatales, con atención prioritaria en las ocho entidades que concentran el 66% de las extorsiones: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. 

El Estado de México tiene 2,049 carpetas de investigación abiertas por extorsión, mientras que Guanajuato cuenta con 879; Nuevo León tiene 645; en Ciudad de México son 602; en Veracruz están abiertas 585 carpetas; en Jalisco 178 y en Guerrero 47. 

La estrategia contará con el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. 

Además, se suma la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias utilizadas para el cobro de extorsiones, así como el desarrollo de operativos sorpresa en penales para asegurar teléfonos celulares con los que se cometen estos delitos. 

La estrategia establece el 089 como número exclusivo para denuncias anónimas, con atención especializada y confidencial. 

La nueva estrategia se sustenta en cinco ejes fundamentales: 

-Generar detenciones mediante investigación e inteligencia. 

-Fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales. 

-Aplicar un protocolo de atención a víctimas. 

-Capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación. 

-Implementar una campaña de prevención nacional. 

García Harfuch vinculó la estrategia con la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión y que crea un sistema de interconexión de datos públicos y privados a los que tendrán acceso las instituciones de seguridad. 

“Gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia fortaleceremos nuestras capacidades para desmantelar redes criminales y detener a quienes cometen este delito”, escribió. 

En la rueda de prensa, García Harfuch destacó las recientes detenciones realizadas en Michoacán, Ciudad de México y Jalisco, vinculadas al cobro de cuotas a productores, secuestros y homicidios. 

La estrategia también prevé la capacitación de cajeros de tiendas y empleados de hoteles, para prevenir transferencias ilícitas y evitar casos de secuestro virtual, así como una campaña nacional de prevención con enfoque en la protección de víctimas y denuncia anónima. 

La nueva legislación en materia de investigación e inteligencia subordina las acciones a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia. 

Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares. 

El andamiaje legal en la materia, aprobado en fechas recientes en el Congreso, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, así como de activistas y defensores de derechos humanos. 

De acuerdo con José Flores, director de la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), la ley consolida un “sistema de vigilancia sin precedentes”, al permitir que el Ejército intervenga comunicaciones y procese datos personales sin supervisión judicial ni controles democráticos. 

Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, advirtió que se está dando a la Secretaría de la Defensa Nacional “la capacidad de generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional”, con el fin de identificar riesgos que puedan afectar la integridad y estabilidad del Estado mexicano. 

“Queda una amplísima autorización para que la Secretaría de la Defensa Nacional genere su propio sistema de seguridad nacional, para que con ese sistema tenga inteligencia, tenga actividades propias”, explicó en Aristegui en Vivo. 

Con información de Aristegui Noticias

Foto: Cuartoscuro 

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