Yasmín Esquivel urge blindar comunidades junto a gasolineras

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad—cuatro votos a favor—el proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel que valida el artículo 35, fracción VI, del Reglamento Urbano para Estaciones de Servicio del estado de Quintana Roo.

La disposición fija distancias mínimas entre gasolineras con el objetivo de proteger a las comunidades cercanas a estos establecimientos.

¿Qué decidió la SCJN?

• Constitucionalidad confirmada. La norma sí puede exigir separación entre estaciones de servicio porque regula seguridad civil y ordenamiento urbano, no la cadena de hidrocarburos, materia reservada a la Federación.
• Competencias concurrentes. Estados y municipios conservan atribuciones en protección civil, tal como reconocen las leyes generales vigentes; por ello, no invaden las facultades federales derivadas de la reforma energética de 2013.
• Prevención de riesgos. Al limitar la cercanía entre gasolineras en zonas habitadas, se disminuye la probabilidad de incendios, explosiones u otros accidentes que pongan en peligro a residentes, comercios y escuelas.

Claves del proyecto de Yasmín Esquivel

La ministra enfatizó que la medida no constituye una prohibición absoluta, sino un criterio técnico para “privilegiar el bienestar colectivo” y reducir desastres urbanos.

Impacto para la población

• Entornos más seguros. Los ciudadanos tendrán mayor certidumbre de que la instalación de nuevas estaciones no comprometerá su integridad física.
• Planeación urbana responsable. El fallo sienta precedente para que otros estados adopten estándares parecidos y combinen el fomento económico con un desarrollo ordenado.
• Mensaje de la Corte. La resolución refuerza la idea de que las autoridades locales pueden actuar preventivamente ante actividades de riesgo, siempre que respeten la distribución constitucional de competencias.

Con esta decisión, la SCJN—y en particular la ministra Yasmín Esquivel Mossa—envía una señal clara: la seguridad de las familias y el tejido urbano es prioritaria cuando se autoriza infraestructura que maneja combustibles.

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