FGR va por jueces que otorgaron amparos contra la reforma judicial
La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones contra jueces que otorgaron suspensiones y amparos contra la reforma judicial, tras una denuncia presentada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por presunta invasión de competencias.
Los jueces investigados son Sergio Santamaría Chamú, del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, y María Gabriela Ruiz Márquez, jueza Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco.
La FGR les ha abierto carpetas de investigación por el delito contra la administración de justicia, que contempla 37 conductas penales.
Santamaría Chamú reveló en una conferencia matutina que fue notificado de la investigación en su contra y que se le requirió información sobre el juicio de amparo, incluyendo copias certificadas del cuaderno principal y del incidental.
“Este requerimiento confirma la existencia de una carpeta de investigación y constituye la ejecución de esa orden, la cual habremos de controvertir en su momento ante la autoridad ministerial”, señaló.
Ante esta situación, el magistrado solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su integridad y la independencia judicial.
Por su parte, la jueza Ruiz Márquez, quien concedió un amparo que anuló el proceso legislativo de la reforma judicial, también fue notificada de una investigación en su contra.
Consideró estas acciones como “tendientes a amedrentarnos, a influir en mi manera de resolver y a intimidarnos”.
Ruiz Márquez expresó su preocupación por lo que consideró un deterioro del Estado de derecho en México. “Estas situaciones me generan impotencia al ver que estamos en un Estado de derecho desconocido, donde en lugar de controvertir mis decisiones legalmente, se usan mecanismos para intimidarnos.
Por mi formación, sé que seré imputada por un delito contra la administración de justicia, pero no sé en cuáles de las 37 conductas penales se me pretende encuadrar”, lamentó.
Las investigaciones contra los jueces han generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el uso de instrumentos legales para presionar a los impartidores de justicia.
Con información de El Universal
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