Juez ordena a la Sedena cumplir resolución del INAI que le obliga a entregar contratos de Pegasus

El Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo a R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ante el incumplimiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de una resolución definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que le ordenó entregar versiones públicas de los contratos celebrados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados al spyware Pegasus.  

Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido operado por el Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.) durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, e incluso funcionarios públicos, como ha documentado la investigación Ejército Espía, comunicó R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.  

En principio, la SEDENA había negado la existencia de dichos contratos. Sin embargo, documentos de la Auditoría Superior de la Federación obtenidos por R3D mediante solicitudes de acceso a la información -coincidentes con documentos internos de la SEDENA filtrados por el Colectivo Guacamaya- demostraron la celebración de al menos dos contratos (DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018) para la adquisición del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, por más de 140 millones de pesos. 

Ante la evidencia de que la SEDENA mintió, en enero de 2023, el INAI resolvió revocar la respuesta que alegaba la inexistencia y ordenó la entrega de la información. A pesar de que dicha resolución es definitiva e inatacable y que el Presidente López Obrador había prometido que se entregaría toda la información, la SEDENA se ha negado a cumplir la resolución y ha emprendido una campaña de sabotaje al INAI, impulsado su desaparición.  

Frente al ilegal desacato de la resolución del INAI, R3D presentó una demanda de amparo. En junio de 2024, el Juzgado reconoció en su sentencia que las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables y obligatorias para las autoridades y concedió el amparo. Esta decisión obliga nuevamente a la SEDENA a cumplir con la resolución del INAI y entregar los documentos relacionados a la adquisición de Pegasus y su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.) 

La SEDENA no solamente ha mentido sobre la existencia de los contratos y desacatado resoluciones definitivas del INAI: también se ha negado a aportar información solicitada por la Fiscalía General de la República.  

Con ello, ha obstaculizado las investigaciones por el espionaje ilegal perpetrado en contra del periodista Ricardo Raphael, el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el medio Animal Político, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entre otros. 

Este precedente demuestra la importancia de instituciones como el INAI y el Poder Judicial Federal. Aunque siempre perfectibles, permiten a la ciudadanía combatir el ejercicio autoritario del poder público, como es el espionaje ilegal perpetrado por las fuerzas armadas, el hostigamiento gubernamental hacia las víctimas y el encubrimiento y obstrucción de la justicia. La SEDENA y el gobierno de López Obrador han pretendido mantener en la impunidad la corrupción y el espionaje ilegal con Pegasus en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. 

Desde R3D, deseamos que el desacato militar a las resoluciones definitivas del INAI no se extienda a las resoluciones judiciales, lo cual reiteraría el peligro que representa la militarización de la vida pública para el gobierno civil y la democracia en México.  

De igual manera, hacemos un llamado para que los intentos de reforma administrativa y judicial que han sido anunciados no sean utilizados como instrumento para garantizar la impunidad, la opacidad y el autoritarismo. Esperamos que, a través del diálogo y con base en evidencia, se fortalezcan las herramientas que permiten a la ciudadanía fiscalizar y resistir el abuso del poder; especialmente, de las instituciones de seguridad e inteligencia que vulneran sistemáticamente -como ha sido plenamente demostrado- los derechos de la ciudadanía con total impunidad.
 

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