“¿Qué tiene que ver Ayotzinapa con la minería?”, Ximena Santaolalla

Ximena Santaolalla es una escritora mexicana que ganó el premio Mauricio Achar por su novela A veces despierto temblando que denuncia el genocidio ocurrido en Guatemala durante la dictadura militar de Efraín Ríos Montt.

El 26 de julio de 2023 Santaolalla escribió un artículo para ReVista Harvard Review of Latin America titulado Crimen de estado, extracción y cárteles: El significado de la minería en Guerrero, México. En este la escritora hace una clara revisión del asesinato y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y la actividad minera, en México, pero específicamente en Guerrero.

Han pasado 9 años desde que el 26 de septiembre de 2014 un grupo de jóvenes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueran asesinados y luego desaparecidos. Hasta el día de hoy, solo han encontrado los restos incompletos de tres de ellos, Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivany Guerrero de la Cruz. Uno en 2014 y los otros dos entre 2019 y 2020.

En junio de 2023, el Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) encargado de investigar el caso Ayotzinapa desde 2015 en México, por encargo de la CIDH (Comisión Internacional de Derechos Humanos), anunció su salida del país por la falta de cooperación de la Marina y la Sedena.

Según los expertos, marinos, el Ejército, policías, autoridades locales y estatales y órganos de inteligencia del Estado sabían, minuto a minuto, lo que estaba ocurriendo con los jóvenes estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

“Como la mayoría de los mexicanos, me horrorizó profundamente la desaparición de los 43 estudiantes durante el sexenio del expresidente Peña Nieto (2012-2018). Se trata de uno de los crímenes de estado más atroces y brutales en la historia reciente de México, y aún no conocemos el motivo. El caso no ha sido adecuadamente investigado por las autoridades, pero estoy convencida de que las acciones ejecutadas por militares, policías y crimen organizado, tienen una fuerte conexión con la minería en México”, escribe Santaolalla.

Actualmente, Santaolalla está terminando su segunda novela y decidió poner su atención en Guerrero y la minería por razones que le parecen cruciales:

“Al ser Guerrero un estado con una topografía tan complicada se vuelve un lugar muy propopicio para la guerrilla y las insurgencias. Desde hace algunos años no ha habido un movimiento insurgente tan fuerte como los hubo anteriormente. Yo me preguntaba, ¿por qué, desde 2018, no hemos escuchado nada en ese aspecto? Y bueno es porque Guerrero (y todo el país) está lleno de militares y de crimen organizado. El hecho de que Guerrero tenga la topografía que tiene lo hace muy vulnerable al crimen organizado porque es más fácil moverse y esconderse y hacer lo que quieran”.

La escritora nos explica que cualquier movimiento insurgente o revolucionario es fuertemente castigado y aplastado gracias a la tecnología tan desarrollada que tiene el Ejército y el crimen organizado (que en determinadas ocasiones se apoyan entre sí) “Es muy peligroso formar parte de cualquier movimiento insurgente” puntualiza.

Es desde los movimientos insurgentes en Guerrero que Santaolalla se da cuenta que cualquier cosa que tuviera que ver con detener la actividad minera era rápidamente acallado; con ayuda del crimen organizado y del Ejército.

“Eso me empezó a interesar mucho y fue cuando me salieron artículos que estaban conectados con Ayotzinapa. ¿Qué tiene que ver Ayotzinapa con la minería?”, me pregunté. Poco a poco encontré información que estaba conectada con lo sucedido la noche del 26 de septiembre”.

La normal rural Raúl Isidro Burgos, desde siempre, ha sido muy activa políticamente hablando y estando en Guerrero tenía que haber una conexión con el tema de la minería y los desplazamientos forzados.

“Guerrero es el segundo estado con más desplazamientos forzados en el país y una de las razones más importantes de esos desplazamientos es la minería. Por ello, es absurdo pensar que la normal de Ayotzinapa no estuviera involucrada en activismo relacionado con la minería”, explica la escritora.

Tlatlaya y Luvianos serían otros dos ejemplos de la violencia que se vive a causa de la actividad minera en el país.

Desaparecer las normales…

En los primeros dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto no se les dio dinero a las normales. Se canceló su presupuesto.

“Lo que querían era dejarlas morir. Probablemente por dos razones; la primera, para que no estuvieran molestándo los intereses de privados y de gobierno en esa zona; la segunda, para que físicamente desaparecieran”.

Para ejemplificar lo anterior, Santaolalla cuenta que Francisco Cruz dijo que probablemente en el terreno de la normal de Ayotzinapa pueda haber yacimientos de oro y podría ser una razón importante para querer desaparecerla; no obstante, para la ganadora del premio Mauricio Achar, desaparecer las normales tiene que ver con que son una molestia para el gobierno. “De ahí siempre han salido líderes importantes que se quejan de lo que no deberían de quejarse”.

Después de la tragedia de 2014, al gobierno de Peña Nieto no le quedó más que reestablecer el presupuesto para las normales. “¿Cómo iba a ser posible que además de la desaparición de 43 estudiantes no les dieran presupuesto?”, menciona Ximena Santaolalla.

¿Las mineras y el Gobierno necesitan del crimen organizado para el desplazamiento forzado?

 La normal de Ayotzinapa comparte territorio con 12 minas y antes de la Ley Minera de 2023 esta actividad se consideraba primordial para la economía de México.

“Lo primordial y más importante era la minería y que se explotara el subsuelo. Entonces se pasaba (y se sigue haciendo) por encima de cualquier persona y cualquier comunidad que estuviera entrometiéndose en los intereses de la empresa minera en cuestión”.

Además, continúa la escritora mexicana, “el gobierno siempre se ha llevado una tajada de cualquier cosa que se hace en el país. Lo más probable es que la concesión se convertía en una venta. No es un secreto que estamos plagados de corrupción”. Pero, las concesiones convertidas en ventas y “rentas” salpican a todos menos a las comunidades afectadas y a los pueblos originarios de esas tierras, pues Guerrero es el sexto productor de oro a nivel mundial y el segundo estado más pobre de México. “¿Cómo es que no le beneficia a la gente que vive ahí que se produzca tanto oro en su territorio?”, se pregunta.

Entonces, la conclusión podría ser que las mineras, el gobierno y el crimen organizado se empiezan a “unir” para recibir, cada quien, su tajada.

“Yo no estoy diciendo que se sienten a negociar y firmen un contrato, pero de alguna manera no solicitada, o sí, yo no lo sé. El crimen organizado hace cosas que le convienen a las empresas mineras. O quizá no es una minera, si no es un cártel porque también hay narcominas”.

Las narcominas y los sicarios que apoyan a las mineras funcionan de la siguiente manera; desplazan a las comunidades del territorio que se quiere explorar y lo hacen de formas muy violentas para dejar muy claro que si no se van, se van a morir.

El peligro de las Verdades Históricas

 Jesús Murillo Karam, procurador General de la Repúlica cuando ocurrió la desaparición, intentó establecer una narrativa llamada Verdad Histórica; su intención era crear una versión oficial de que la desaparición y el asesinato de los jóvenes estudiantes era resposabilidad de los cárteles, el presidente municipal de Iguala y dos policías. Hoy sabemos, gracias al GIEI, que todos colaboraron para desaparecerlos. En consecuencia, el exprocurador está detenido desde el 19 de agosto de 2022.

“Murillo Karam fue el creador de esta llamada Verdad Histórica, pero la verdad es que seguimos escuchando mentiras de parte del gobierno. Es verdad, ya se saben más cosas y ya hay más información gracias a que algunos funcionarios públicos ya han colaborado. Pero sí creo que seguimos atrapados en la necesidad de querer crear una Verdad Histórica”.

Santaolalla recalca que la función de esta narrativa es que el gobierno en turno decida quiénes van a ser los únicos responsables de ese crimen de estado. “En ese momento lo que se quería era responsabilizar a Guerreros Unidos, José Luis Abarca y su esposa y dos policías municipales. Esos iban a ser los únicos responsables”, detalla.

Según la escritora mexicana “seguimos más o menos en una situación parecida”, pues la llamada Cuarta Transformación sigue queriendo controlar quiénes van a ser los responsables:

“No quiere realmente que se sepa quiénes son todos los responsables. Quiere controlar cuáles sí y cuáles no. De entrada con Cienfuegos. Dejó muy claro nuestro presidente que él no iba a ser responsable de nada. Cuando regresó a México, López Obrador declaró que la DEA le había inventado los cargos a Cienfuegos y que era inocente”.

Si tomamos el ejemplo anterior se puede sostener que seguimos instaurados en la creación de una Verdad Histórica de parte del gobierno en turno.

“Estamos muy lejos de saber la verdad. No sabemos dónde están los estudiantes. Nada más tenemos los restos incompletos de tres de ellos”.

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