FOTO: @scjnmexico
Con nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el jueves 22 de junio, el segundo decreto del ‘plan B’ electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿La razón? Violaciones al proceso legislativo en el país.
El proyecto de resolución, propuesto por Javier Laynez, fue aprobado por Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo y Norma Piña, presidenta del máximo tribunal constitucional del país.
Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, votaron en contra.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de “intromisión” por la discusión que tendrían el jueves para invalidar su reforma electoral.
“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al Poder Legislativo”, sentenció el mandatario.
Según AMLO la ley no se discutió en el Congreso o no se discutió lo suficiente.
Con un argumento del mismo tipo, la Suprema Corte invalidó la primera parte del “plan B” en mayo porque la mayoría en el Congreso, liderada por el partido del presidente y sus aliados, violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.
La primera parte del polémico plan redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones; algo prohibido por la veda electoral.
López Obrador dijo que este proyecto de la SCJN tiene como fondo “la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro”. Para el mandatario es “importantísimo” que el pueblo elija por voto directo a los integrantes del Poder Judicial “como se elige al presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los legisladores, que los elige el pueblo, que no representen a una élite”.
Propone recortar 3,500 millones de pesos al organismo, quiere eliminar el 85 % del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral (la oposición y organizaciones civiles han acusado al Gobierno de causar incertidumbre rumbo a los comicios presidenciales de 2024).
Yasmin Esquivel reprochó no haber entrado «al fondo del asunto para determinar si los cambios aprobados son constitucionales o no»
Pérez Dayán respondió: la ley es la ley.
“Debo aclarar que no esquivo ni pretenderé hacerlo nunca, mi deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal, mientras pueda asegurar que, para llegar a ello, esto es, para estar frente a una ley, estoy convencido de que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley es ley, si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo”.
Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, criticó la decisión de la Suprema Corte de invalidar la segunda parte del llamado “plan B” de la reforma electoral del presidente.
“Es ya sistemático su comportamiento”, dijo.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la segunda parte del plan B electoral, refleja que éstos no se han dejado intimidar y ejercen sus funciones con autonomía y defienden la ley y la Carta Magna.
“Esperamos que la Corte mantenga esa congruencia, que no es para favorecer los intereses de nadie ni de ningún político o sector económico, la SCJN se debe a la Constitución y a ella la tiene que proteger”, explicó Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En conclusión, el Instituto Nacional Electoral debe organizar el proceso electoral de 2024 con las normas electorales que estaban vigentes antes del 2 de marzo de 2023, de tal forma que el instituto ya tiene claro que esa segunda parte del plan B no existe.
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