Una vez más, la Suprema Corte invalida una iniciativa del presidente. Esta semana se trata del decretó de López Obrador que buscaba agilizar y clasificar de «seguridad nacional» los proyectos y obras prioritarias de su administración.
Con una mayoría de ocho votos, el pleno de la corte declaró inconstitucional este decreto, por vulnerar el derecho de acceso a la información. Con esta decisión, el Tribunal da la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que impugnó el decreto y con quien el presidente mantiene desde hace meses una guerra abierta.
El máximo tribunal consideró que el acuerdo aprobado por AMLO en 2021 es inconstitucional, ya que blindaba la información de proyectos claves para la Administración actual, como las controversiales obras del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería Dos Bocas.
De acuerdo a la corte, la amplitud y ambigüedad de la orden obstaculizó e inhibió el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía y con ello la transparencia.
Además, con una mayoría de seis votos, concluyeron que al “otorgar la autorización provisional” de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras rápidamente, se generó incertidumbre respecto a las obligaciones y procedimientos establecidos en las leyes, lo que también resulta inconstitucional.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo votó a favor porque consideraba que el decreto no determinaba cuánto tiempo iba a durar esta protección a las obras del presidente o el ministro Alberto Pérez Dayán porque el acuerdo afecta las competencias del INAI.
Quienes votaron en contra fueron los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes buscaron defender el decreto argumentando que no vulnera la función del instituto y que no supone que se reserve toda la información sobre los grandes proyectos.
«Esta Suprema Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades. Así no se ejerce el control constitucional, ¡así no se interpreta la Constitución!», señaló Zaldívar.
Esta decisión aumenta las tensiones que ya existen entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una situación que ha escalado desde enero.
El presidente ha llegado a declarar que dio instrucciones de no contestar el teléfono que provenga de la Corte, a la vez que continúa con su ofensiva contra los jueves, magistrados y ministros.
Mientras que Zaldívar pudo mediar un poco las fricciones entre el presidente y el poder judicial, la llegada de la ministra Norma Piña descarriló la situación. Y tanto Piña, como los demás ministros, han recibido ataque tras ataque desde la tribuna de la mañanera.
¿Qué dirá ahora AMLO con esta decisión?
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