Crímenes de periodistas… indicador equivocado

POR Ignacio Anaya

Ciudad de México, 5 Junio.- ¿Les importa a los criminales la elevada impunidad de nuestro sistema de justicia cuando ejecutan periodistas? Yo creo que no. Si se quiere comprender por qué han incrementado estos homicidios, es importante dejarlos de asociar solo con la corrupción en los juzgados o con la filtración de los cuerpos policiacos.

Desde mi perspectiva, el punto de reflexión no puede centrarse en ese enfoque sino en los contenidos periodísticos ya que muchas de las víctimas investigaban delincuentes y redes de crimen organizado, dentro o fuera de las estructuras estatales, en regiones específicas del país.

Se mueven muchas estructuras cuando se buscan noticias. Reportear, husmear, quitar lozas o escenografías, analizar variantes, atender delaciones, exhibir a la delincuencia y en general difundir información crucial sobre el crimen organizado genera consecuencias, ya que exhibe hechos relevantes que permanecían en la opacidad.

Por eso es necesario revalorizar el trabajo periodístico desde los corporativos de comunicación con mayor solvencia económica, tecnológica y editorial; la ejecución de 36 periodistas de 2013 hasta mayo de 2017 deja muy claro que las células delincuenciales asumen el ejercicio periodístico como un desafío hacia sus estructuras internas de operación y auto protección.

En otras palabras, que la larga cadena de amenazas, secuestros, torturas, homicidios y sobre todo ejecuciones en contra de hombres y mujeres dedicados a tareas periodísticas son la respuesta a la importancia que la delincuencia organizada le otorga a la información. Si además existen condiciones de impunidad en los juzgados, la acción se facilita.

¿Es una novedad señalar que a los criminales les ocupa lo que de ellos se diga? Definitivamente no. El manejo de información siempre ha generado preocupaciones en todos los ámbitos de la vida. El control de datos, de noticias e imágenes también constituye una medida muy socorrida en latitudes de la vida política, empresarial, financiera, académica e incluso religiosa. En este sentido, los criminales que ejecutan reporteros están siguiendo al extremo el patrón de control periodístico que acompaña a la profesión de manera casi paralela a su existencia. La diferencia es que el crimen organizado se conduce desde el anonimato y desde esa oscuridad toma decisiones. La eliminación de sus adversarios y la lucha por plazas delictivas sigue patrones similares.

En materia específica de opinión pública, el crimen organizado ha demostrado que no puede mejorar su imagen. Algunos cárteles han intentado contrarrestar los contenidos que los delatan con otros mensajes, dentro y fuera de los medios de comunicación. Hay ejemplos de quienes eligieron redes sociales para esos propósitos, también (y hay que citarlo) se ha hecho uso de algunos medios para incrustar sus mensajes como noticias llegando al extremo de desplegar mantas con mensajes que les interesa difundir.

Por eso es muy importante preguntarnos qué tanto los criminales asumen el valor estratégico del mercado de la comunicación. Y es que, como se ha dicho hasta aquí, si las células del crimen organizado están decididas a impedir la investigación o difusión de cierta información vital para sus negocios y poder, también deben buscar la difusión de otro tipo de contenidos, de interés para ellos, sus negocios y compromisos.

Esa es la cuestión.

Es necesario, consecuentemente, dimensionar qué tanto los inaceptables homicidios de periodistas están circunscritos en una lógica de guerra. Para el crimen organizado, ¿en qué deriva la sensación de perder secrecía en términos de opinión pública? La pregunta resulta indispensable porque de alguna manera los reporteros están generando, sistematizando y equilibrando información de utilidad para las fuerzas armadas o para la PGR que combaten dichas estructuras crimínales.

Ciertamente es tarea y responsabilidad de los cuerpos policíacos, de las procuradurías de justicia y de las fiscalías especializadas identificar y detener a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, pero resultaría infantil suponer que no incorporan a sus estrategias de inteligencia el fruto del trabajo periodístico.

Por eso comete un error el gremio periodístico si espera que las autoridades le expliquen las causales, los motivos o los argumentos que motivan el acecho al periodista derivado en muerte. Dejar en el Estado esa tarea equivale a incrementar, únicamente, las víctimas de la violencia que el país vive.

Creo más en los protocolos que puedan implementar las propias empresas de comunicación que en los mecanismos derivados de las fiscalías especializadas para la protección de reporteros y comunicadores.

El tema debe discutirse, pero editorialmente.

No hacerlo nos estará condenando a asumir que la muerte de periodistas constituya un indicador de la violencia, cuando lo que tendríamos que aquilatar es qué tanto el homicidio de un comunicador suma indicadores respecto de la importancia que la prensa tiene para el país.

COLUMNA PUBLICADA EN EXCÉLSIOR