Los padres de “los cinco de Tierra Blanca” llevan días plantados fuera de la fiscalía local. No son de esa localidad veracruzana, sino de Playa Vicente.
Tampoco piden nada. Ni siquiera que les paguen el hotel. “Únicamente exigen que se haga justicia”, asevera Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El funcionario explica que la Comisión que preside “jala con hilos” el caso de Tierra Blanca, aunque por el momento no puede hacer mucho. La investigación está en manos de la SEIDO.
No necesitó explicarnos por qué el caso lo atrajo la PGR.
A los chavos, entre ellos una menor, los capturó la policía estatal y los mató el crimen organizado. El mismo contubernio que en Ayotzinapa.
De muy buena fuente sabemos que sobre el quíntuple asesinato hay una sólida línea de investigación: el robo de combustible. El clásico caso del lugar equivocado en el momento equivocado.
Con la misma franqueza con la que habla del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, dice que los padres y familiares de las víctimas desconfían de la autoridad local.
Rochín habló con el reportero en un restaurante de la Condesa. Expuso la urgencia de modificar la Ley de Víctimas, por las grandes diferencias que ésta hace entre los que requieren reparación por violación a sus derechos humanos y los incluidos en el rubro “delitos” (desaparición, por ejemplo).
Una víctima de violación a sus derechos humanos tiene muchas posibilidades de que la compensación económica llegue rápidamente, previa autorización de la CNDH. No hay tope en la cantidad.
Una víctima del delito puede esperar años la sentencia de un juez. Aquí el tope es de un millón de pesos.
El funcionario asegura que ya hay acuerdo en el Congreso y en el gobierno federal para que la ley se reforme y sea más pareja con las dos categorías de víctimas.
Tiene un presupuesto de 500 millones para cubrir las reparaciones. Ha pagado 60 millones en los 19 casos que han sido resueltos en beneficio de 160 víctimas.
Le dijo ayer a Sergio Sarmiento y a Lupita Juárez, en La Red, que sería muy bueno que Miguel Ángel Osorio Chong saliera en los promos de los partidos que se transmiten en los tiempos oficiales.
“Tiene muy buena imagen. Está muy bien en las encuestas. Va en primer lugar; o que saliera Beltrones o el premio internacional de Economía, Luis Videgaray”, puntualizó en tono mordaz.
Ya más serio, dijo tener información de que el secretario de Gobernación llamó a los magistrados del Tribunal para decirles que buscaran cómo bajar el mensaje del avión “porque le molestaba a Peña”. El Peje dijo también que puede probar que por cada mensaje de Morena, son 10 del PRI, 10 del PAN, seis u ocho del PRD. “Yo aparezco como el cometa, de vez en cuando”, aseveró.
Primero, enfrentó a Joaquín López-Dóriga y lo acusó de “abuso de la libertad de expresión” por haber manifestado, en actos que realizó El Papa durante su gira en México, que se interrumpía la transmisión porque la ley exigía transmitir los spots de los partidos.
Se mostró incluso favorable de que al famoso periodista se le aplicaran medidas cautelares.
Después salió a defender el polémico promocional de El Peje sobre el avión del Presidente.
“No existe una norma clara que diga que ese tipo de spots no se permiten y, por ello, es de llamar la atención cuál es la claridad de lo que los partidos pueden y no pueden hacer”, dijo. No faltó quien se preguntara si en realidad piensa lo que dijo o si sólo se “disfrazó” de partidaria del Peje por otros motivos.
Fue testigo del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, también defensora de derechos humanos. No sólo eso. A él también le dispararon dos balazos los autores del crimen. Cuando se disponía a tomar el avión de regreso a México en el aeropuerto de Tegucigalpa, las autoridades de aquel país no lo permitieron.
La CNDH pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite medidas cautelares para Castro, con la finalidad de prevenir“hechos de difícil o imposible reparación”.
“Hoy estamos con este convenio para cuatro estados, pero lo llevaremos a todo el país”, prometió Joel Guerrero Juárez, director del Conafe.
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