POR CARLOS ORNELAS*
¡Qué lejos quedaron aquellos tiempos de la reforma universitaria! Ya nadie —o muy pocos— hablan de crítica, democracia y servicio a las clases populares. La globalización nos alcanzó. Hoy las preocupaciones cambiaron, entre otras cosas, para hacer frente a las secuelas que los movimientos reformistas de los años de 1970 y 1980 dejaron en muchas universidades. Arrebatos que, incluso, tuvieron momentos de heroísmo al luchar contra el autoritarismo y —lo que Luis Aguilar Villanueva calificó como— el integrismo cultural del régimen de la Revolución Mexicana.
En su diálogo con los senadores el pasado 1 de marzo, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, fue contundente acerca de las prioridades del gobierno respecto de las Instituciones de Educación Superior (IES), pero el blanco claro son las universidades públicas autónomas: cobertura, calidad, equidad, investigación científica y desarrollo tecnológico, vinculación con el mercado laboral y financiamiento.
A fe mía que los debates centrales se darán en torno al financiamiento, pues para nadie es un secreto que, al menos, 19 de esas universidades están al borde de la bancarrota debido a un sistema de pensiones deforme. Si fueran empresas ya se hubieran declarado en quiebra.
Visto a la distancia, los valores que enarbolaban las fuerzas que impulsaban la reforma universitaria eran elevados, pero la cimentación de sindicatos universitarios —indispensables para que los trabajadores tuvieran derechos y se respetaran— muy pronto degeneró en prácticas corporativas, incluyendo la herencia y compraventa de plazas. La reforma constitucional de 1980 puso veto —pero no la eliminó por completo— a la reproducción de esa práctica en los puestos académicos.
A lo largo de los setenta y los ochenta muchos sindicatos de universidades públicas, con la bandera de la reforma, pero con miras a conseguir beneficios materiales, pusieron en jaque a sus instituciones. Huelgas y marchas se daban a cada rato. Los rectores estaban bajo sitio. Para colocarles más clavos a sus cruces, los gobiernos federal y estatales les exigían que pusieran orden.
La salida fue conceder, tanto a las demandas legítimas de incremento salarial, estabilidad en el empleo y otras prestaciones como a solicitudes que no tenían legitimidad, como hacer crecer las plantillas, control de plazas por el liderazgo, comisiones sindicales y la jubilación dinámica. Para acabarla de amolar, los sindicatos —que nacieron libres— copiaron y asimilaron las prácticas que prohijó el régimen de la Revolución Mexicana: la creación de camarillas y cacicazgos.
El argumento del senador Romero Hicks de que la Ley para la Coordinación de la Educación Superior se hizo anciana es correcto. Nunca fue suficiente. La educación superior mexicana requiere de un marco normativo nuevo y ágil —lo de ágil es mío, no creo que esté en la mente de funcionarios y legisladores— el mundo cambió y la ley perdió vigencia real, aunque en la forma siga vigente.
Es más, los temas que definió el secretario Nuño, con todo y que se diga que se alinean a las demandas del neoliberalismo, abren ventanas a una discusión serena. No estaría mal definir qué vamos a hacer con la cobertura, como elevar la calidad, promover equidad —incorporar nuevas modalidades e impulsar que los vástagos de los segmentos populares ingresen, aprendan y se gradúen de las IES—; impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y discutir cómo y hasta dónde es factible la vinculación de las IES con el mercado laboral.
No obstante, si antes no se resuelve el asunto del financiamiento, corremos el riesgo de caer en la retórica, como pasó al final con aquellos movimientos de reforma universitaria.
Bienvenida la discusión. La postura oficial definió los ejes de cobertura, calidad, equidad, investigación científica y desarrollo tecnológico, vinculación con el mercado laboral y financiamiento. ¿Y qué con la cultura?
RETAZOS: Prácticas dignas de terroristas continúan perturbando la vida institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. No sólo provocan ansiedad e inconformidad en la comunidad, sino que genera división y diatribas. Enfrentamos un dilema. No se pueden despreciar las llamadas anónimas, pero tampoco se les puede hacer caso siempre. No estoy de acuerdo con la postura de algunos de mis colegas que quieren que las autoridades de la UAM hagan labor policiaca.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
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