CIUDAD DE MÉXICO.
La reducción de los límites máximos de velocidad, principalmente para vías primarias, ha sido una de las nuevas normas del Reglamento de Tránsito que más han sido cuestionadas y que mayor oposición han tenido.
Circular a más de 80 kilómetros por hora en vialidades como avenida Universidad, Insurgentes, Marina Nacional, Eje Central o Paseo de la Reforma no es visto como un hecho de riesgo para los conductores capitalinos.
Así lo reflejan los resultados de un estudio de percepción de opinión que realizó la Comisión de Movilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex), con el patrocinio de la firma GDV, sobre cómo ven los capitalinos el nuevo Reglamento de Tránsito.
Aunque los resultados aún se encuentran en análisis, Maite Ramos, presidenta de dicha comisión, adelantó a Excélsior que uno de los datos relevantes fue que los encuestados no vinculan la velocidad con los accidentes viales.
Cuándo se le preguntó a la gente ¿cuáles son las principales causas por las que se puede dar un accidente de tránsito?, la más baja es la velocidad. Pueden considerar el consumo de alcohol o la infraestructura. Pueden considerar muchas otras cosas.
Es increíble cómo no se tiene la percepción de que la velocidad genera accidentes y de que esos accidentes generan muertes”, subrayó la representante del sector empresarial local.
En entrevista, Ramos consideró que la falta de percepción sobre el riesgo que conlleva circular a exceso de velocidad podría ser una de las causas que han propiciado críticas a las reducciones en los límites permitidos, principalmente a la que se aplicó en vialidades primarias, que pasaron de 70 a 50 kilómetros por hora.
Ramos calificó como alarmante que los conductores de la ciudad no vean un riesgo en la circulación con velocidades por encima de los actuales límites permitidos, sobre todo si está considerado como uno de los principales factores que producen accidentes mortales.
De acuerdo el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), en 80 por ciento de los accidentes viales el conductor fue responsable por haber incurrido en una conducta de riesgo que pudo ser prevenida si hubiera respetado las normas de circulación.
Contrario a lo que perciben los conductores, la Conapra ha recabado datos que revelan que las tres primeras causas de un accidente de tránsito con consecuencias mortales son: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, y en tercer lugar el uso de dispositivos móviles durante la conducción.
En el mismo sentido se ha pronunciado el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi México), que apuntó al exceso de velocidad como la principal causa de accidentes viales con 23 por ciento de los casos.
En la capital, la conducción por encima de los límites anteriormente permitidos por el Reglamento Metropolitano de Tránsito fue el factor que provocó 50 por ciento de los más de 18 mil accidentes que en promedio ocurrieron al año.
Esta cifra se eleva hasta 88 por ciento si al factor velocidad se le suma el consumo de alcohol como los principales factores de riesgo que derivan en un accidente con consecuencias fatales.
La encuesta que efectuó la Comisión de Movilidad de la Coparmex también incluyó la percepción de peatones y ciclistas en relación a las nuevas normas de vialidad, sectores que, contrario a los conductores, sí ven el exceso de velocidad con uno de los factores de más riesgo.
En el caso del automovilista es la última (el exceso de velocidad), el peatón lo registra porque es más vulnerable, es un poco la conclusión que tenemos, pero es increíble que asociemos la velocidad sólo a accidentes de carretera pero no en las ciudades.
Esto nos hace mucho sentido con la resistencia de la gente a reducir las velocidades, cuando, si revisamos las velocidades promedio de la ciudad son bastante más inferiores que los límites que se están poniendo”, apuntó Ramos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015, aseguró que “los países que han logrado reducir el índice de muertes en accidentes de tránsito lo han conseguido dando prioridad a la seguridad en la gestión de la velocidad”.
Para la OMS, el límite de velocidad máxima permitido dentro de zonas urbanas debería ser menor o igual a 50 kilómetros por hora, tal como fue ajustado en el Reglamento de Tránsito vigente para la circulación en vialidades primarias.
El organismo internacional detalló en su informe que a nivel mundial solamente 47 países cumplen con estos criterios regulatorios, y de éstos únicamente 27 consideraron que el grado de cumplimiento y respeto a los límites de velocidad en sus territorios es “bueno”.
A pesar de las críticas que ha recibido el nuevo Reglamento por el cambio en los límites de velocidad y la polémica por la aplicación de fotomultas, 60 por ciento de los capitalinos piensa que su implementación es positiva, revela un estudio de percepción de opinión que realizó la Comisión de Movilidad de la Coparmex en la Ciudad de México.
Maite Ramos, presidenta de la comisión, detalló que los beneficios principales que perciben los capitalinos sobre el nuevo Reglamento tienen que ver con una reducción en el número de accidentes y sobre todo a la entrada en vigor de reglas claras.
La representante empresarial también indicó que, sin embargo, 30 por ciento de los encuestados señaló que el Reglamento de Tránsito no los hará cambiar las conductas que los ponen en riesgo como conductores o a otros usuarios del espacio público.
Esto también nos dice que sí tiene que haber una penalización y que sí tiene que haber una consecuencia, porque hay gente que está dispuesta a cambiar sus conductas porque hay reglas claras, pero hay otra que aun con éstas no está dispuesta a cambiar su modo de conducta.
No les importa causar un accidente, y no les importa su vida ni la de los demás que es mucho más grave”, dijo Ramos.
Los resultados completos de la encuesta que llevó a cabo la Confederación Patronal de la República Mexicana se presentarán la próxima semana y sus tendencias serán nuevamente sometidas a un segundo sondeo en seis meses para dar seguimiento a sus variaciones.
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