Oportunidad histórica

Mi planteamiento inicial fue que no estaba segura de que la clase política —independientemente de colores partidarios o de estatus, ya fuera como partido en el gobierno o como partido de oposición— se estuviese tomando muy en serio las señales que está emitiendo la sociedad por todos los medios. Señales que exhiben los canales tradicionales y las redes, que muestran las estadísticas, que enseñan los indicadores nacionales e internacionales, o sea, los datos duros y los de percepción. Señales e indicadores que, además, hablan de conflictividad social, de altos niveles de violencia, de privilegios políticos, del deficiente acceso a la justicia, de grados de corrupción intolerables y del desprestigio de la política y de sus practicantes.

Indagando sobre las causas, encontré tres que ayudan a entender el porqué del desprestigio de la política y de la aparente indiferencia ante ella.

En primer lugar encontré una paradoja difícil de explicar: los partidos con mayor nivel de rechazo son los más votados. Si el elector en su conjunto no traduce el rechazo en castigo en las urnas, los partidos y sus candidatos pueden ignorar su descrédito y seguir con el business as usual. La segunda causa la encuentro en que ni el propio partido ni, increíblemente, el adversario castigan las conductas impropias o los actos de corrupción del “otro”. Suponíamos que el pluralismo en los cargos de elección popular, las instituciones de contrapeso y la alternancia en el poder a nivel federal, estatal o municipal se traducirían en diques contra conductas ilegales a la hora de hacer campañas y de ejercer el poder. Pero esa predicción nunca se hizo realidad. Lejos del temor a la denuncia o al castigo, lo que encontraron los políticos fue el tradicional acompañamiento o encubrimiento de su partido y el silencio —o el solapamiento— del adversario en campaña o del sucesor en el cargo. En otras palabras: porque más bien a todos les resultó rentable la corrupción cuando estuvieron en posición de ejercerla. Era cuestión de esperar su turno.

La última causa la encuentro en que, a diferencia de otros países el malestar, el hartazgo y la indignación no se han traducido en grandes marchas, concentraciones o revueltas contra los partidos tradicionales o contra el gobierno, sino que también se ha encauzado por vías institucionales que, hay que reconocer, los propios legisladores han abierto: las iniciativas ciudadanas, la oportunidad de ejercer el periodismo de investigación gracias a la apertura de información, las acciones colectivas, el interés legítimo para interponer amparos o las candidaturas sin etiqueta partidaria. La manifestación del descontento social por estas vías es una fortuna, pero quizá los políticos debieran ya dejar de estirar la liga.

No es un remedio infalible, pero planteo que no sería mala idea que el rechazo a las y los políticos, así como el descontento social que ha generado, se convirtieran en la brújula para la agenda parlamentaria de esta LXIII Legislatura.

La legislatura anterior pasará a la historia como aquella que propuso y aprobó 11 reformas estructurales de las que se venía hablando hacía décadas y que ningún presidente ni ningún colectivo del Congreso habían podido consensar ni cuando el PRI gobernaba con sus aplastantes mayorías ni desde que se inauguraron los gobiernos divididos en 1997. Estas reformas derivaron del Pacto por México que ha tenido un grado de cumplimiento récord. No obstante, buena parte de los compromisos del Pacto no concretados tienen que ver con aquellas iniciativas cuyo propósito es acotar los privilegios y la discrecionalidad en el ejercicio del gobierno.

Esta legislatura, pienso, tiene la oportunidad de pasar a la historia si se compromete a enarbolar y promover precisamente esa agenda pendiente. Ser la legislatura que acabó con el mayor número de exenciones, prebendas, dispensas, márgenes de discrecionalidad e inmunidades para los políticos.

La lista de iniciativas es clara: el fuero legislativo, la propaganda gubernamental, el organismo que regule la publicidad, la reducción en el costo de los órganos electorales y los procesos electorales, la ley antimoches, la ley de deuda de los estados que frene la voracidad de los gobernadores, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En esta última hemos contribuido las organizaciones de la sociedad civil, los centros de educación superior y las personas dispuestas a luchar contra la corrupción con una iniciativa ciudadana que hemos denominado la ley tres de tres. Necesitamos 120 mil firmas para poder presentarla ante el Congreso. Si alguien quiere participar como firmante el formato e instrucciones está en www.ley3de3.mx

Twitter: @amparocasar