Precio de la tortilla y nueva economía mexicana

En los primeros días de febrero, los Grupos Unidos y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla llamaron a sus agremiados a acordar un aumento al precio de la tortilla, con el argumento del incremento de costos de insumos generado por el alza del dólar, así como de precios y tarifas de bienes y servicios públicos.

En los hechos, para el día 8 de febrero se registraban ya incrementos absolutamente desproporcionados de 7 a 30%, alcanzando un escandaloso precio de 24 pesos/kilo, en Hermosillo. Si tenemos que, según Profeco, el precio ponderado nacional al 15 de febrero fue de 10.58 pesos/kilo, con una utilidad promedio estimada en seis pesos/kilogramo, era evidente la profunda distorsión de este mercado y la necesidad de la urgente intervención de las autoridades. Ante esta realidad, el 18 de febrero pasado, en nombre de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, un punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad.

Cabe destacar que el 94% de los mexicanos consumimos unos 70 kilos de tortilla al año; según el Inegi, una familia de bajos ingresos destina a ello 8.3% de su gasto y la tortilla constituye la principal fuente de calorías para la mayoría de la población.

La tortilla más vendida se produce a partir de maíz entero e industrializado en partes iguales. El grano lo proveen grandes compradores-importadores-distribuidores, mientras que la harina la surten seis corporaciones, dos de las cuales concentran el 90% del mercado.

En este contexto, mientras la tonelada de maíz blanco se pagó a nuestros productores un 3% más el último año y la cosecha del maíz producto del ciclo primavera-verano de 2015, que fue abundante y sin alzas exageradas, es la que hoy se encuentra en el mercado mexicano, sumado a la conjunción de una muy baja inflación y un decremento de precios y tarifas de gas, luz y gasolina en México. Adicionado a que el cereal importado por los distribuidores cotizó a la baja en la Bolsa de Chicago.

El punto de acuerdo que fue respaldado por todas las fracciones parlamentarias del Senado, incluye dos exhortos urgentes. El primero, dirigido a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que investigue si los incrementos de precio registrados obedecen a prácticas indebidas en algún eslabón de la cadena productiva y comercializadora, que inhiban la competencia y la libre determinación de precios, e imponga las sanciones correspondientes.

El segundo, dirigido a las secretarías de Economía y de Agricultura, para que analicen e instrumenten, si fuese necesario, una política de precio máximo a la tortilla como bien de consumo popular que evite intermediarismo y asegure su abasto, como ya lo hizo con el huevo. La respuesta del gobierno federal ha sido inmediata. La Profeco ya colocó sellos de suspensión a decenas de tortillerías en el país que elevaron el precio a su antojo o surtían kilos incompletos. La citada procuraduría, junto con la Secretaría de Economía, les ha apercibido sobre sanciones severas de persistir en tales prácticas.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social  (Sedesol) a través de las más de 27 mil tiendas comunitarias y 295 móviles de Diconsa en el país, reforzó la distribución y venta a precios accesibles de harina de maíz marca propia fortificada con proteína de soya, vitamina A, hierro, zinc y ácido fólico, que ayuda a disminuir la anemia y la desnutrición, con lo que se apoya la economía de la población de escasos recursos.

Estas acciones oportunas y eficaces buscan frenar las alzas injustificadas en productos básicos de la dieta de los mexicanos. No podemos permitir que un sector económico anquilosado vaya a dar al traste con el orden financiero logrado, ni a deteriorar los avances en el combate contra el hambre. El sector privado debe manejarse con responsabilidad en los mercados y frente a los consumidores, para que no sacrifiquemos las libertades económicas ganadas.

*Senador de la República